Pagina 12: Romper el silencio

Romper el silencio

El tráfico y la explotación sexual, especialmente de mujeres, niños y niñas, es una práctica que lejos de menguar ha crecido sin detenerse desde hace siglos. Amparada por la globalización que borró fronteras y empobreció aún más a los países vulnerables, este negocio deja entre cinco y siete billones de dólares por año, cobijado por el silencio –el miedo– de las víctimas y la complicidad de funcionarios de Estado a los que también compra el dinero.

 

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Arriba: RUCHLA LAJA LIBERMAN EN 1918 (archivo familiar)
Abajo: Dominicanas en Buenos Aires, más de cinco mil fueron traídas a fines del los 90.

     

Por Marta Dillon

Fue en su garganta donde la muerte cerró su cerco. Ahí donde quedan las palabras no dichas, donde se acumulan cuando el mandato de silencio es la condición para seguir andando. Y sin embargo ella había hablado. Cinco años antes de que se firmara en el Hospital Argerich su certificado de defunción, ella había corrido hasta la comisaría séptima de Buenos Aires para contar su historia. Dijo, cuando faltaban minutos para el brindis que recibiría el año 1930, que hacía demasiado tiempo que vivía sometida por la red de proxenetas más organizada de la que se tenga memoria en la Argentina: la Zwi Migdal.

 

Pero ni siquiera entonces, amparada por el jolgorio de fuegos artificiales y disparos al aire que cubrieron su huida del burdel donde había vivido esclavizada, pudo decirlo todo. Inventó, para ser “la denunciante” a una mujer que era como muchas, pero no ella. Una mujer soltera, nacida en Polonia, llegada al país en 1918 y engañada por un proxeneta que por once años la había obligado a ejercer la prostitución, a llevar como un estigma un carnet en el que se anotaban las revisaciones médicas, la expropiación de su cuerpo. Calló la historia de amor que la había traído a Buenos Aires desde Lotz, silenció a su marido muerto de tuberculosis apenas ella bajó del barco, omitió en las denuncias a sus dos hijos, dos varones que enterraron a su madre en un cementerio de Avellaneda, hasta hoy el “cementerio rufián” para la colectividad judía, cuando apenas empezaban a gozar de la vida en familia, con “mamita”, como le escribían en las cartas que de alguna manera llegaron a filtrarse en el encierro del prostíbulo. De algún modo tenía que defenderse después de haberse atrevido a denunciar y a ratificar su denuncia como ninguna antes lo había hecho. Nombrar a sus hijos hubiera sido como delatarlos, ofrecer un blanco para la organización herida de muerte después de su atrevimiento. Y así pasó a la historia, con su vida familiar recortada, nombrada en los diarios de la época como “una mujer de vida airada”. Como alguien “que había llegado a los 18 años a Buenos Aires para ejercer su profesión en un prostíbulo de Valentín Gómez 2888”, según el diario Clarín en una edición del año 2000. Y así hubiera quedado su otra vida, silenciada, si Myrtha Schalom, autora de La Polaca (Grupo Editorial Norma, 2003), no hubiera sostenido su obsesión por darles encarnadura a esas pocas líneas que entonces les dedicó la prensa. Pero Schalom inició su investigación en 1986, escribió una miniserie para televisión pocos años después y apareció fugazmente contando la historia en el programa “Siglo XX, Cambalache” en 1992. Entonces otra Raquel, heredera del nombre que le dieron a Ruchla en aquel prostíbulo de principios de siglo, reconoció a su abuela. Esa mujer que aparecía en las fotos familiares guardadas celosamente junto a unas pocas cartas y otros tantos certificados era la misma mítica heroína que había hablado en público, pero había callado en la intimidad. “Si mi abuela es la que usted describió en el programa –le dijo Raquel Ferber a Schalom–, estoy muy orgullosa de ella.” Es curioso, pero la misma estrategia que usó Ruchla o Raquel Liberman para conservar su libertad después de denunciar a quienes la sometían es una herramienta común para muchas mujeres que se ganan la vida en cabarets o burdeles encubiertos en casas de masajes. Sara Torres, referente argentina en la coalición contra el tráfico de mujeres y niños –organización que tiene categoría II estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas–, lo detectó a mediados de los ochenta cuando trabajaba en un (desaparecido) organismo de la seguridad social. “En cabarets, locales de baile clase A, es decir con ‘alternadoras’ o en supuestas casas de masajes, las mujeres renunciaban a cobrar el salario familiar. Estaban sindicalizadas como artistas de variedades o, en el caso de las casas de masajes, incluidas en la convención del Sindicato de Sanidad. Pero las leyes laborales no se cumplían. Casi todas tenían hijos y lo que yo les ofrecía era presentar la documentación para cobrar el retroactivo por los salarios familiares adeudados, no entendía por qué no querían hacer el trámite hasta que una de ellas, en un aparte, me dijo: ‘Escuchame, nena, ¿vos estás loca? ¿Cómo se te ocurre que vamos a dar la partida de nacimiento y el domicilio de nuestros hijos? Si lo hacemos no nos vamos más de acá’. Exponer a sus hijos era ofrecer a sus ‘empleadores’ una herramienta para esclavizarlas”, cuenta Torres. Porque además esas empresas “empleadoras” tenían una llamativa composición: “Pudimos verificar que en las sociedades comerciales de este rubro de ‘entretenimientos’, se contaba al menos con un representante de las fuerzas de seguridad, un jubilado del Poder Judicial y también algún funcionario municipal”, agrega. Cuando la Zwi Migdal hacía pingües negocios en Argentina a principios de siglo, sus mejores aliados eran jueces y policías, los mismos que registraban las actividades de las “pupilas”, las sometían a controles médicos y registros denigrantes que las dejaban al margen de todo orden social fuera del prostíbulo. Después de la denuncia de Raquel Liberman, el 31 de enero de 1929, 108 de los más de 400 proxenetas registrados en aquella sociedad que se declaraba de socorros mutuos fueron detenidos y procesados. Pero el poder del dinero que generaban los burdeles era fuerte. Menos de un año después, cuando ya se había instalado la primera dictadura militar en el país, la Cámara de Apelaciones liberó a 105 de los procesados. ¿Cómo habrá vivido desde entonces “la denunciante” a que hacen referencia los documentos de la época? ¿Cómo esperaba el juez de instrucción Manuel Rodríguez Ocampo que otras mujeres llegaran a su despacho para contar su historia con la amenaza de la revancha de esos hombres que las mantenían en cautiverio quitándoles sus documentos y hasta el dinero que ganaban? ¿Sabrían esas mujeres que, como cuenta Albert Londres en su libro El camino de Buenos Aires, la misma Policía Federal se empezó a formar en 1891 reclutando delincuentes y traficantes europeos que venían “con la única finalidad de ingresar a la policía local para ejercer mejor su oficio de agentes de la prostitución”? El miedo de aquellas “polaquitas” que eran traídas de una Europa devastada, con promesas de casorio o trabajo, que hablaban idish o polaco y eran encerradas bajo la custodia de rufianes de distintas escalas y madamas de cuerpos mancillados por años de explotación sexual no debe haber sido muy distinto del que sintieron otras mujeres, traídas de Paraguay, casi un siglo después. En el año 2001 la denuncia sobre la esclavitud a que eran sometidas jóvenes paraguayas de distintas edades en prostíbulos encubiertos de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, pareció haber puesto al descubierto la red de impunidad que el proxeneta Vicente Serio había tejido con la policía y funcionarios de la municipalidad que regía entonces el carapintada Aldo Rico. El mismo Serio dijo pagar 18 mil dólares por mes para silenciar a distintas autoridades, mientras que compraba mujeres –en la mayoría de los casos sólo hablaban guaraní– en Paraguay por módicos 300 pagados a guardiacárceles –muchas estaban presas cuando fueron traficadas– o parientes. Sin embargo el único condenado fue Serio. Ni la policía quemiraba para otro lado, ni la municipalidad que habilitaba esos túneles sin salida fueron acusados judicialmente como cómplices necesarios. Es que esta historia, la del tráfico y la explotación de mujeres, niños y niñas, es una historia de silencios0

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